Este Editorial se emitió en Onda Cero Cáceres el 04/11/2010
Juan Andrés Tovar, presidente dela Diputación Provincial de Cáceres, manifestó hace pocos días, que Suprimir las diputaciones, más allá de reducir el gasto, supondría aumentarlo". Sin embargo por esos mismos días el ministro José Blanco, número dos del PSOE y compañero del sr. Tovar se preguntaba si: "¿Tenía sentido en una Administración tan descentralizada como la española que sigan existiendo las diputaciones provinciales?"
Juan Andrés Tovar, presidente de
Hay un debate pues, en la sociedad sobre la conveniencia de la supresión de esta administración provincial.
UPyD es partidario de suprimir las Diputaciones Provinciales, consideramos que son unos entes anacrónicos, intermedios entre las CC AA y los Ayuntamientos, que carecen de sentido y sólo aportan duplicidades y estructura administrativa innecesaria. Carecen de sentido, pero suponen al Estado un coste de alrededor de 7.000 millones de euros al año, para ofrecer unos servicios que los ciudadanos no perciben, por la sencilla razón de que no son esenciales.
Las Diputaciones no tienen sentido en un estado autonómico como el nuestro, como lo demuestra el hecho de que no se les eche de menos en la Comunidades uniprovinciales donde las diputaciones ya han desaparecido como, (Madrid, Rioja, Asturias, Cantabria etc) .
En estas Corporaciones provinciales se produce un gasto inmenso en el pago de Diputados Provinciales, grupos políticos, órganos de gobierno provincial, asesores en las distintas áreas. Los partidos han utilizado las mismas como oficina de recolocación de muchos concejales que han perdido en sus municipios las elecciones como Alcalde, premiándolos con una diputación, ó como puesto para liberados con dedicación a tiempo completo a la estructura del partido.
Mires ustedes, 32 Diputaciones de las 49 que hay, gastan más en pagar sueldos de cargos y funcionarios que en invertir en las provincias que gestionan. En 2009 las Diputaciones dedicaron 2.476 millones (el 28%) a gastos en personal. Y sólo 1.707 millones (otro 19%) a financiar inversiones. En definitiva Las 37 Diputaciones de régimen común han perdido el grueso de sus competencias tradicionales y hoy tienen escasa justificación política. Tienen menos competencias pero, paradójicamente, más funcionarios, más gastos y más personal de libre designación. Por lo tanto, lo mejor sería que las CCAA acojan a las Diputaciones, trasladando su estatuto jurídico al marco legislativo autonómico, si bien esto exigiría de una reforma constitucional. Esta propuesta la llevará Unión Progreso y Democracia en su programa electoral
