Éste editorial se emitió en Onda Cero Cáceres el 28/10/2010
Las reformas estatutarias emprendidas en los llamados Estatutos de segunda generación, fuerzan un cambio del modelo de Estado sin la preceptiva reforma constitucional. La iniciativa ha correspondido a las Comunidades Autónomas, que han fijado los límites de su relación con el Estado, en función de circunstancias políticas cambiantes, dominando lo coyuntural y accesorio, frente a la visión de Estado.
El proceso ha partido de un sobreentendido que hay que refutar: que toda descentralización es, en sí misma, buena y deseable, argumento que sólo pueden aceptar aquellos que no creen en un Estado sólido y cohesionado.
UPyD cree que España es una sociedad compleja, como la mayoría de los Estados modernos. Cada uno de sus territorios posee una historia, unas peculiaridades diferenciadas y una voluntad de autogobierno, pero entendemos que la innegable complejidad de España, sólo puede ser desarrollada en la nación española común, que define nuestra Constitución de 1978.
No podemos continuar el proceso actual de centrifugación y vaciamiento del Estado y reducirlo a una escala residual, incapaz de hacer frente a los grandes retos de un moderno Estado Social.
Unión Progreso y Democracia, considera que es necesario acabar con nuestro incompleto y eternamente provisional, Estado Autonómico para convertirlo en un verdadero Estado Federal cooperativo.
El proceso autonómico se ha convertido en una desaforada carrera de emulaciones. Esto ha conducido a la igualación competencial por arriba y una vez agotadas las posibilidades que ofrece la Constitución , se ha iniciado el asalto de las competencias estatales, como ha intentado el Estatuto catalán y sus emulaciones de Andalucía o Comunidad Valenciana.
Es necesario fijar de forma definitiva en la Constitución la lista de competencias estatales y autonómicas, devolviendo al Estado las necesarias para garantizar la cohesión nacional y la igualdad de sus ciudadanos. Se trata, en definitiva, de conseguir un Estado federal fuerte donde las CCAA tengan las mismas competencias y el mismo sistema de financiación, es necesario pues suprimir los derechos históricos de los territorios forales vascos y navarros. Se trata de abolir legitimidades históricas previas y ajenas a la propia Constitución. Los derechos históricos cuando son para unos sí y para otros no, dejan de ser derechos para ser privilegios.
